Decreto del Papa desafía a mafias de poder en el Vaticano que encubren a pederastas

Hasta ahora los clérigos, religiosos y miembros de la Iglesia denunciaban los abusos y casos de violencia sexual en función de su conciencia personal

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El papa Francisco aprobó este jueves una norma sin precedentes que obliga a los clérigos y religiosos a denunciar ante la Iglesia cualquier sospecha de acoso o agresión sexual, así como la implicación de la jerarquía católica en estos hechos.

Se trata de un esfuerzo para responder al estallido global de escándalos por abusos sexuales e intentos de encubrirlos, que ha devastado la credibilidad de la cúpula de la Iglesia católica y de su propio pontificado.

El motu proprio del Papa, titulado Vos estis lux mundi (ustedes son la luz del mundo), es una de las «propuestas concretas» que prometió el Sumo Pontífice, después de la cumbre contra la pederastia que se celebró en el Vaticano en febrero, en la que participaron representantes de las conferencias episcopales del mundo entero.

Entre las novedades, incluye una vigilancia más estrecha a los superiores religiosos, que hasta ahora disfrutaban de cierta impunidad.

Mecanismo para las denuncias

Con la nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, se establecen los mecanismos a seguir tras recibir una denuncia para investigar las acciones y omisiones, tanto de sacerdotes como de obispos y otros responsables religiosos.

También se definen de forma precisa los delitos. El de encubrimiento, entendido como “conductas que consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso”, se equipara al de abuso.

Hasta ahora, la legislación vigente en la materia es más vaga y utiliza una terminología menos precisa.

Los  sacerdotes y monjas deberán informar “con prontitud” a sus superiores o a la autoridad eclesiástica competente sobre las denuncias relacionadas con casos de abusos o de encubrimiento de las que tengan conocimiento.

Estos casos no son solo los que afectan a menores, sino que se incluyen los abusos a los adultos, como por ejemplo la violencia contra las religiosas por parte de clérigos o el acoso a seminaristas o novicias mayores de edad.

También se extienden las normas a casos de posesión y uso de pornografía infantil y de actitudes de encubrimiento ante estas realidades.

Actualmente, los clérigos, religiosos y religiosas denunciaban los casos de violencia en función de su conciencia personal.

Sin embargo, la legislación de la Iglesia aún no exige la obligación de informar a las autoridades judiciales del país, a menos que las leyes lo demanden.

Cardenales y obispos en la mira

El reglamento aumenta el cerco sobre las altas esferas de la iglesia. Regula las investigaciones sobre cardenales, obispos y otros superiores y no se limita a los abusos cometidos por ellos mismos, sino que incluye las omisiones “dirigidas a interferir o a eludir las investigaciones civiles o las investigaciones canónicas, administrativas o penales”.

Hasta ahora, en los casos de abusos, los obispos, como máximos responsables de las diócesis, debían investigar e informar sobre los delitos cometidos por sacerdotes o religiosos de su jurisdicción, pero si eran ellos mismos los implicados no estaba definido un mecanismo para atender las denuncias.

Por tal motivo, el arzobispo metropolitano será el encargado de recoger la información del caso cuando el implicado sea un obispo, y además deberá conducir la investigación.

Para esta tarea podrá contar con la colaboración expertos laicos y posteriormente enviar un informe al Vaticano, para que continúe allí el proceso canónico si es necesario o se tomen las medidas pertinentes.

Esta cadena de investigación no existía. Es la primera vez que se exige a los organismos eclesiales que actúen con unos plazos determinados, ya que la normativa fija 90 días para resolver las investigaciones, mientras que anteriormente cuando se trataba de investigar a obispos o cardenales los tiempos se extendían indefinidamente.

Atención  y protección de las víctimas

Este nuevo decreto del Papa alienta a la población a denunciar los casos de abusos y omisiones de los que tengan constancia, ya que abre la posibilidad a que «cualquier persona» pueda presentar «un informe» sobre hechos de pederastia o abusos a menores.

Por tal motivo, se le exige a las diócesis del mundo que creen antes de junio de 2020 un sistema accesible a cualquiera que quiera realizar una denuncia.

El objetivo es asegurar la atención y la apertura de informes, algo que hasta ahora en algunos lugares no ocurría, lo que dejaba a los afectados sin saber dónde acudir ni a quién dirigir sus quejas.

Otro punto relevante es la protección de los denunciantes y de las víctimas. El documento emitido por el Papa establece que no pueden ser objeto de «prejuicios, represalias o discriminación». Además, nadie puede imponerles la obligación de guardar  silencio, por lo que pueden hablar con quien quieran, incluida la prensa.

Además, «las autoridades eclesiásticas deben comprometerse con quienes afirman haber sido afectados, junto con sus familias, para que sean tratados con dignidad y respeto, y han de ofrecerles, en particular, acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos: atención espiritual y asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso».

Las víctimas dicen que es un «fraude»

Aunque las nuevas reglas del Papa son un paso hacia adelante para atender los abusos  cometidos por los miembros de la iglesia, las víctimas no están conformes.

El italiano Francesco Zanardi, presidente de la Red de Víctimas de ese país y miembro de la asociación internacional Ending Clergy Abuse (ECA), las calificó de «fraude» .

«Es un fraude. Pedimos que todos los casos de pederastia que se dan en la Iglesia se denuncien ante las autoridades judiciales. Pero el Vaticano no está de acuerdo», afirmó en declaraciones a Europa Press.

Por ello, condenó que «desde que salió la lacra de los abusos hace 20 años, no han hecho una sola denuncia a las autoridades civiles«.

Zanardi, quien sufrió durante 11 años los abusos sexuales de un cura en Italia, señaló que para poner en práctica la «verdadera» tolerancia cero contra los sacerdotes que abusan y que es necesario poner bajo la autoridad judicial a los sacerdotes que han cometido estos crímenes y también a los que han encubierto casos.

El reglamento publicado por el Vaticano, incluye una definición precisa del delito de encubrimiento y lo equipara al de abuso, pero Zanardi  afirma que es insuficiente.

También planteó que el hecho de que la Iglesia reduzca un sacerdote al estado laical «no resuelve el problema». «Tendremos un exsacerdote que ya no oficia misa, pero siempre será pedófilo», explicó.

¿Complicidad del papa?

El compromiso del papa Francisco para luchar contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia ha sido puesto en duda en varias oportunidades.

Una de estos casos, ocurrió el pasado 18 de marzo, cuando uno de los religiosos más poderosos de Francia, el cardenal Philippe Barbarin, le presentó su dimisión después de que un tribunal de su país lo declarara culpable por el encubrimiento de abusos sexuales de un pederasta que trabajaba en su diócesis en la ciudad de Lyon.

Sin embargo, tal y como informó el propio Barbarin, el Sumo Pontífice le comunicó que, «invocando la presunción de inocencia», no quiso aceptarle la renuncia.

«Me dejó la libertad de tomar la decisión que me pareciera mejor para la vida de la diócesis de Lyon. A sugerencia suya y porque la Iglesia de Lyon sufre desde hace tres años, he decidido retirarme un tiempo», informó a través de un  comunicado el cardenal que fue condenado por un tribunal  por el encubrimiento de abusos sexuales de un pederasta que trabajaba en su diócesis.

Previo a ese escándalo, en agosto de 2018 el exdiplomático del Vaticano, Carlo Maria Vigano, acusó al Papa de ignorar los señalamientos contra el cardenal estadounidense Theodore McCarrick durante cinco años.

“Francisco sabía, por lo menos desde el 23 de junio de 2013, que McCarrick era un depredador serial. Pese a saber que era corrupto, lo encubrió a ultranza y hasta hizo suyos sus consejos no ciertamente inspirados por sanas intenciones y por amor a la Iglesia”, escribió el clérigo italiano.

“Sólo cuando se vio obligado por la denuncia de un abuso de menor, siempre en función de los aplausos de los medios, tomó medidas en su contra para salvar su imagen mediática”, añadió.

Por tal motivo, el máximo representante de la Iglesia tuvo que dirigir una misiva al mundo para tratar de limpiar su imagen, justamente en un momento en que la Corte Suprema de Pensilvania (EE. UU.) publicó un informe que señalaba a 300 sacerdotes católicos como responsables del abuso sexual de más de 1.000 menores en seis diócesis de ese estado.

Abusos de la Iglesia

Los abusos cometidos por los miembros de la Iglesia en el mundo se han convertido en un escándalo de inmensas proporciones.

Una investigación encomendada por Conferencia Episcopal alemana reveló que 1.670 miembros de la iglesia en esa nación perpetraron algún tipo de ataque sexual a 3.677 menores durante un período de 68 años, reseñó BBC Mundo.

En América Latina la situación es igual de delicada. Por ejemplo, en Chile  se han registrado   248 víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes de la  Iglesia católica, y la población está conmocionada.

Días atrás, la Fiscalía chilena informó que había cancelado un polémico acuerdo de cooperación suscrito días atrás con la Conferencia Episcopal para investigaciones de abusos sexuales, luego de que fuera fuertemente criticado por agrupaciones de víctimas.

El convenio obligaba a los religiosos a denunciar en menos de 24 horas, una vez conocido el delito, pero comprometía a la Fiscalía a mantener en «estricta reserva» la identidad de la presunta víctima y a evitar que terceras personas tuvieran conocimiento de allanamientos ordenados contra instituciones religiosas.

La Fiscalía debió afrontar diversas críticas, como la de presidente de la Fundación para la Confianza, quien demandó directamente la anulación del convenio que, a su juicio, «viene a decirle a la sociedad y en especial a las víctimas que los poderes se coluden y las dejan en la total desprotección«.

También recientemente, en Argentina se produjo una manifestación en la que organizaciones víctimas de abusos sexuales del clero exigieron tolerancia cero con los abusadores y que el Papa visite su país natal para atender esta situación.

Estas organizaciones solicitan que la Iglesia libere sus archivos secretos de abusos y que se cambie el Concordato de 1966 entre Argentina y el Vaticano, para que se faciliten los procesos contra los miembros de la iglesia.

«Sabemos que en un país tan grande como Argentina debería haber muchos cientos de curas acusados, si hubiera total apertura, pero solo sabemos de 100 curas acusados de abuso sexual identificados públicamente«, explicó Anne Barrett Doyle, coordinadora de la organización Bishopaccountability, que hace un seguimiento pormenorizado de los casos de abuso en la Iglesia a nivel global.

¿La norma aprobada por el Papa permitirá reducir los abusos? o la propia corrupción dentro la Iglesia impedirá que religiosos y laicos formulen sus denuncias.

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